Ayer la Contraloría General de la República dio un lapidario
informe, 54 funcionarios que fueron contratados por la Municipalidad de San Ramón, registraban antecedentes penales
“por crímenes o simples delitos”.
El órgano fiscalizador dio cuenta de que 18 trabajadores a honorarios habían sido
contratados pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos, y otras 36
personas fueron contratadas pase a presentar anotaciones por crímenes o simples
delitos en el registro de antecedentes penales del Servicio de Registro Civil e
Identificación.
Además según la Contraloría, cuatro funcionarios contratados
por el municipio entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019 tenían
vínculos de parentesco con directivos, jefes de departamento o concejales, lo
que contraviene lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades.
Ahora, la municipalidad encabezado por el alcalde Miguel Ángel Aguilera ( ex PS) deberá poner término a los vínculos contractuales por inhabilidad en un plazo de 60 días hábiles.
Según una entrevista que dio el Concejal David Cabedo, a Bienvenidos,
esto se veía venir, “estamos hablando de una Crónica de una Muerte Anunciada,
ahora se vuelve a constatar por un ente fiscalizador las irregularidades del
alcalde”. Y añade “ es cierto la municipalidad necesita recursos, pero no para contratar narcotraficantes (….)
no es bueno normalizar esto como un caso más”.
Recordemos que en septiembre, Cabedo (RN) junto a dos concejales más, Gustavo Toro (DC) y Juana López (Comunes), presentaron una solicitud de destitución al edil por notable abandono de deberes y posibles faltas a la probidad.
Foto: T13