El Director de Obras de la Municipalidad de San Javier, Mario Navarro, fue formalizado por el Ministerio Público por delito de prevaricación administrativa en grado de consumado, luego de llegar a la convicción que el funcionario público intentara revocar ilegalmente los permisos de la empresa Agrícola Coexca S.A., al invalidar las autorizaciones de edificación ya otorgados a la granja San Agustín del Arbolito, propiedad de la Compañía.

La Empresa Coexca S.A, interpuso una querella, que posteriormente, la Fiscalía instruyó para una investigación que determinara la existencia del delito, concluyendo que existen fundamentos para formalizar al hoy imputado y actual Director de Obras de la Municipalidad de San Javier.

El abogado de Coexca, Dario Silva, sostuvo “el Fiscal Patricio Caroca comunicó en la audiencia al imputado, actual Director de Obras de la Municipalidad de San Javier, Mario Navarro, que se estaba desarrollando una investigación en su contra básicamente por haber dictado, a sabiendas una resolución manifiestamente injusta en contra de la empresa Coexca, la cual se materializó en la invalidación de los permisos de construcción ya otorgados a la Compañía y ajustados a la legislación en la construcción de su granja. A juicio del Ministerio Público los hechos son constitutivos del delito de prevaricación administrativa, en grado de consumado, y en él le cabe a Mario Navarro la participación en calidad de autor”.

Esta situación ha derivado que la empresa perjudicada decidiera estudiar la presentación de nuevas acciones legales en contra de otros funcionarios de la Municipalidad de San Javier que eventualmente tuvieron participación en los hechos investigados.

Por otra parte, el abogado acotó que debido a las acciones del funcionario público, la empresa presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca, tribunal que confirmó el actuar ilegal y arbitrario de Mario Navarro. Posteriormente, dicha sentencia fue ratificada por la Corte Suprema, dejando sin efecto la resolución ilegal y arbitraria, ya que en caso contrario los perjuicios habrían sido cuantiosos y la responsabilidad civil hubiese recaído en el Municipio.

El Juez de Garantía de San Javier, Héctor Mardones, fijó un plazo de investigación de 60 días, decisión acogida por la defensa del imputado, quien fue representado en la oportunidad por la abogada de la Municipalidad de San Javier, Paula Troncoso, quien se actuó en esa calidad.