Bien es sabido que la vida de los periodistas no es fácil, no sólo está el tema de los bajos sueldos y las altas horas de trabajo, a esto se suma la seguridad  que  viene  disminuyendo en nuestro país desde el estallido social, y se mantiene en la actualidad, aunque lo cierto es que la pandemia redujo las manifestaciones, así lo indicó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).    

“Pese a que las manifestaciones públicas se han reducido mucho por la emergencia sanitaria, la violencia contra la cobertura periodística no ha disminuido”, señaló la SIP en su informe ante la reunión de medio año, que se celebra esta semana en Miami.

Desde el 18 de octubre de 2019 comenzaron en Chile una ola de protestas contra la desigualdad y en reclamo de reformas socioeconómicas, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, con denuncias por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.

Los periodistas y comunicadores se han visto expuestos a la violencia de los manifestantes. “Ha llevado a que en su mayoría no porten distintivos del medio al que pertenecen, capturen imágenes en lugares distantes o con cámaras públicas, o simplemente opten por usar teléfonos inteligentes”.

En su informe, la SIP apuntó, además, a la violencia que se vive en el centro-sur del país por el llamado conflicto en La Araucanía, “donde se ha agravado la agresión de grupos radicalizados del pueblo originario mapuche contra los agricultores, las empresas forestales y en general toda señal de presencia del Estado”, afectando también a los periodistas.

 SIP dio cuenta del ataque que sufrió a finales del pasado marzo un equipo de Televisión Nacional de Chile formado por el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez. El equipo fue interceptado por un grupo que les cuestionó haber entrevistado a un líder mapuche y cinco minutos después fueron atacados con armas.

PRESUNTO ESPIONAJE A PERIODISTAS

El informe de la SIP también deja constancia de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de un presunto caso de espionaje de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) iniciado en 2017 y que habría afectado a un grupo de periodistas que investigaban casos de corrupción al interior de la institución castrense.

Este espionaje especialmente tendría en el punto de mira al periodista Mauricio Weibel.

“Si bien se trata de hechos que todavía deben dilucidar los tribunales y que en general tienen carácter reservado, llama la atención el silencio de las autoridades políticas pese a la gravedad de las denuncias”, señaló la SIP.

Según lo que se conoce de la denuncia, funcionarios de inteligencia habrían interceptado -con autorización judicial obtenida con antecedentes supuestamente falsos-, los teléfonos de periodistas, y solicitado los registros públicos de Weibel y sus familiares.

El Ejército señala que las labores de inteligencia se ajustan al marco legal y están sometidas al control de las autoridades civiles, con la revisión de la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia de la Cámara de Diputados, y que no puede legalmente referirse a estas actividades de forma pública.

Fuentes cercanas al Ejército agregan que el foco de la intervención no habría sido el periodista, sino la fuente, que era un oficial en servicio activo.

Fuente: Cooperativa