El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
Tras más de una década de investigación judicial y casi tres años de juicio oral, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió el veredicto del caso Soquimich (SQM), absolviendo a todos los acusados, incluyendo al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner y el ex ministro Pablo Longueira. El fallo marca el cierre de una causa que se remonta a 2014, cuando salieron a la luz presuntos aportes irregulares de la minera no metálica a campañas políticas, revelando una compleja red de financiamiento que involucró a empresarios, dirigentes y figuras públicas. Durante la audiencia, el tribunal criticó el actuar poco prolijo del Ministerio Público y la extensa duración del proceso judicial, señalando que las penas estarían cumplidas, lo que vulnera más la extensión temporal del procedimiento. En la lectura del veredicto, los magistrados detallaron que se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de delitos tributarios, según informó T13. El juicio oral se extendió por 981 días y 558 audiencias, convirtiéndose en uno de los procesos más largos y complejos en la historia judicial chilena. Se presentaron cerca de mil testigos y un centenar de peritos, junto con más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba. Durante la audiencia final, ninguno de los imputados tomó la palabra, cerrando así un proceso marcado por la reserva y el silencio de las defensas. El caso SQM surgió como una arista del caso Penta, revelando en 2014 indicios sobre boletas y facturas falsas para justificar aportes políticos. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2008 y 2014 la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos para financiar campañas electorales y gastos personales. La Fiscalía de Valparaíso acusaba a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, por autorizar directamente estas operaciones ilegales. Durante el proceso, más de 50 imputados fueron sobreseídos o accedieron a salidas alternativas. La compañía llegó a acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos y autoridades estadounidenses, pagando más de 30 millones de dólares en sanciones ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Con esta resolución judicial, el caso SQM concluye oficialmente, poniendo fin a uno de los capítulos más prolongados, costosos y controversiales en la historia legal chilena. Fuente: Publimetro
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
A una semana del veredicto que absolvió a todos los acusados en el caso SQM, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció públicamente sobre la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el cual cuestionó severamente el desempeño del Ministerio Público. Las magistradas del tribunal argumentaron que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la Fiscalía, así como la calidad de los peritajes. Valencia reconoció que la resolución generó frustración dentro del organismo y admitió que aquí, por supuesto, hay responsabilidades institucionales, hay sentimientos, preocupaciones institucionales, pero esa es una causa que está pendiente, a lo menos judicialmente, legalmente. El tribunal manifestó que la sentencia la va a notificar a los intervinientes en agosto del próximo año. En ese momento la Fiscalía va a poder apreciar si procede o no la interposición de un recurso, aunque generalmente en casos como este la Fiscalía suele tener mejor disposición a presentar la nulidad. Pero no cabe duda que es una causa que se pone cuesta arriba, sostuvo. El fiscal nacional también señaló que al interior del Ministerio Público llamó la atención que el tribunal reprochara exclusivamente la duración de la investigación y del juicio a los fiscales. Todos los juicios, particularmente uno como este, van a ser objeto de análisis interno por parte del Ministerio Público porque siempre las cosas se pueden hacer mejor, afirmó Valencia. Además, añadió: Es llamativo cómo se interpreta la garantía sobre duración del plazo razonable de una investigación. De acuerdo a la jurisprudencia europea e interamericana, al momento de apreciar si hay o no razonabilidad en el plazo, no solo se tiene que considerar la actividad de la Fiscalía, se considera también la actividad del tribunal. En relación con una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por persecución penal selectiva, Valencia confirmó que se está evaluando abrir un sumario interno y determinar qué fiscal regional encabezará la investigación administrativa. Finalmente, aseguró que los abogados del excandidato presidencial serán recibidos por una autoridad de la Fiscalía Nacional para discutir el tema: Sus abogados pidieron una entrevista. Van a ser recibidos como Fiscalía Nacional. No por quien habla, pero sí por una autoridad de la Fiscalía Nacional. Y después de escucharlos vamos a tomar alguna decisión, concluyó. Fuente: Meganoticias
Tras más de una década de investigación judicial y casi tres años de juicio oral, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió el veredicto del caso Soquimich (SQM), absolviendo a todos los acusados, incluyendo al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner y el ex ministro Pablo Longueira. El fallo marca el cierre de una causa que se remonta a 2014, cuando salieron a la luz presuntos aportes irregulares de la minera no metálica a campañas políticas, revelando una compleja red de financiamiento que involucró a empresarios, dirigentes y figuras públicas. Durante la audiencia, el tribunal criticó el actuar poco prolijo del Ministerio Público y la extensa duración del proceso judicial, señalando que las penas estarían cumplidas, lo que vulnera más la extensión temporal del procedimiento. En la lectura del veredicto, los magistrados detallaron que se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de delitos tributarios, según informó T13. El juicio oral se extendió por 981 días y 558 audiencias, convirtiéndose en uno de los procesos más largos y complejos en la historia judicial chilena. Se presentaron cerca de mil testigos y un centenar de peritos, junto con más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba. Durante la audiencia final, ninguno de los imputados tomó la palabra, cerrando así un proceso marcado por la reserva y el silencio de las defensas. El caso SQM surgió como una arista del caso Penta, revelando en 2014 indicios sobre boletas y facturas falsas para justificar aportes políticos. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2008 y 2014 la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos para financiar campañas electorales y gastos personales. La Fiscalía de Valparaíso acusaba a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, por autorizar directamente estas operaciones ilegales. Durante el proceso, más de 50 imputados fueron sobreseídos o accedieron a salidas alternativas. La compañía llegó a acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos y autoridades estadounidenses, pagando más de 30 millones de dólares en sanciones ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Con esta resolución judicial, el caso SQM concluye oficialmente, poniendo fin a uno de los capítulos más prolongados, costosos y controversiales en la historia legal chilena. Fuente: Publimetro
