Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República (CGR) ha aceptado formalmente el requerimiento presentado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Nelson Venegas (PS). El documento tiene como objetivo esclarecer si el almuerzo, llevado a cabo el pasado viernes 10 de abril en los salones de la casa de Gobierno, implicó el uso de fondos estatales. Los parlamentarios solicitan a La Moneda que detalle la naturaleza del evento, las áreas utilizadas y el personal asignado. Además, la Contraloría ha pedido aclaraciones sobre los costos involucrados, la asignación presupuestaria y posibles reembolsos privados por parte de los asistentes. Para el diputado Manouchehri, quien se refirió al encuentro comoel banquetazo, es crucial que el Ejecutivo responda con transparencia. El legislador enfatizó que el tema central no es la capacidad del Presidente para reunirse con amigos, sinosi se pueden usar recursos públicos en eventos privados y comidas con amigos del presidente. Según información de Bío Bío Investiga, en el almuerzo se reunieron ex compañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica. El menú ofrecido por el mandatario incluyó tartar de tomates, puré rústico, vino tinto y la clásica plateada al jugo. Ante estos hechos, el diputado Nelson Venegas afirmó que la intervención de la Contraloría indica que se trata de un asuntoabsolutamente serio. Según el parlamentario, realizar actividades privadas en un edificio público podría constituir una potencialviolación a la ley, motivo por el cual el ente fiscalizador solicitó un informe detallado a la Presidencia. Luego de recibir la notificación oficial, el Gobierno dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar toda la documentación que respalde el evento. La entidad reguladora evaluará si se hizo un uso adecuado de los bienes estatales o si hubo desvío de fondos públicos para una actividad social que los denunciantes consideran ajena a las responsabilidades del cargo presidencial. Fuente: Publimetro
Luego de realizar una revisión, el Ministerio del Medio Ambiente reingresó este viernes a la Contraloría General de la República el decreto que aprueba el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica. De acuerdo a la cartera, el retiro y posterior reingreso del decreto respondió a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones. En este sentido, el instrumento mantiene plenamente sus objetivos ambientales, medidas y obligaciones. “Luego de una revisión detallada, reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, incorporando ajustes que permiten una mejor comprensión y aplicación del instrumento, sin modificar su estándar ambiental ni las exigencias establecidas”, señaló la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo. La autoridad agregó que “como Ministerio estamos comprometidos con contar con instrumentos ambientales sólidos, claros y jurídicamente consistentes, que permitan avanzar de manera efectiva en la protección de ecosistemas relevantes y en la mejora de la calidad ambiental para las comunidades”. En tanto la Seremi del Medio Ambiente Araucanía, Paula Castillo, indicó “con el reingreso del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica a Contraloría, cumplimos un compromiso que demuestra nuestra voluntad de proteger y recuperar este importante Lago. Además, estamos impulsando el primer instrumento en Chile enfocado en la recuperación de un cuerpo de agua, cuya implementación será clave para el ecosistema, la comunidad y todo el país” Entre los principales cambios realizados, se ajustaron conceptos para asegurar coherencia con la legislación ambiental vigente y se modificaron ciertos plazos establecidos para la SMA en el marco de la dictación de metodologías necesarias para la aplicación del Plan. Fuente: Publimetro
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República (CGR) ha aceptado formalmente el requerimiento presentado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Nelson Venegas (PS). El documento tiene como objetivo esclarecer si el almuerzo, llevado a cabo el pasado viernes 10 de abril en los salones de la casa de Gobierno, implicó el uso de fondos estatales. Los parlamentarios solicitan a La Moneda que detalle la naturaleza del evento, las áreas utilizadas y el personal asignado. Además, la Contraloría ha pedido aclaraciones sobre los costos involucrados, la asignación presupuestaria y posibles reembolsos privados por parte de los asistentes. Para el diputado Manouchehri, quien se refirió al encuentro comoel banquetazo, es crucial que el Ejecutivo responda con transparencia. El legislador enfatizó que el tema central no es la capacidad del Presidente para reunirse con amigos, sinosi se pueden usar recursos públicos en eventos privados y comidas con amigos del presidente. Según información de Bío Bío Investiga, en el almuerzo se reunieron ex compañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica. El menú ofrecido por el mandatario incluyó tartar de tomates, puré rústico, vino tinto y la clásica plateada al jugo. Ante estos hechos, el diputado Nelson Venegas afirmó que la intervención de la Contraloría indica que se trata de un asuntoabsolutamente serio. Según el parlamentario, realizar actividades privadas en un edificio público podría constituir una potencialviolación a la ley, motivo por el cual el ente fiscalizador solicitó un informe detallado a la Presidencia. Luego de recibir la notificación oficial, el Gobierno dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar toda la documentación que respalde el evento. La entidad reguladora evaluará si se hizo un uso adecuado de los bienes estatales o si hubo desvío de fondos públicos para una actividad social que los denunciantes consideran ajena a las responsabilidades del cargo presidencial. Fuente: Publimetro
Luego de realizar una revisión, el Ministerio del Medio Ambiente reingresó este viernes a la Contraloría General de la República el decreto que aprueba el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica. De acuerdo a la cartera, el retiro y posterior reingreso del decreto respondió a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones. En este sentido, el instrumento mantiene plenamente sus objetivos ambientales, medidas y obligaciones. “Luego de una revisión detallada, reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, incorporando ajustes que permiten una mejor comprensión y aplicación del instrumento, sin modificar su estándar ambiental ni las exigencias establecidas”, señaló la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo. La autoridad agregó que “como Ministerio estamos comprometidos con contar con instrumentos ambientales sólidos, claros y jurídicamente consistentes, que permitan avanzar de manera efectiva en la protección de ecosistemas relevantes y en la mejora de la calidad ambiental para las comunidades”. En tanto la Seremi del Medio Ambiente Araucanía, Paula Castillo, indicó “con el reingreso del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica a Contraloría, cumplimos un compromiso que demuestra nuestra voluntad de proteger y recuperar este importante Lago. Además, estamos impulsando el primer instrumento en Chile enfocado en la recuperación de un cuerpo de agua, cuya implementación será clave para el ecosistema, la comunidad y todo el país” Entre los principales cambios realizados, se ajustaron conceptos para asegurar coherencia con la legislación ambiental vigente y se modificaron ciertos plazos establecidos para la SMA en el marco de la dictación de metodologías necesarias para la aplicación del Plan. Fuente: Publimetro
