A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra. Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley. Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal. El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una retención o detención ilegal y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.
En medio de la controversia suscitada por el denominado Caso Farmacias Populares, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respondió con firmeza a los señalamientos de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. En una entrevista con Radio Usach, Jadue expresó: Yo le pediría a ella más prudencia por las declaraciones que hace. Acá hay un conglomerado de gobierno y efectivamente tenemos que ser todos muy responsables de lo que hacemos. Las tensiones entre el alcalde y la ministra surgieron luego de que Tohá instara a Jadue a actuar con humildad en relación con el caso en el que se le acusa de conductas ilícitas. El alcalde, por su parte, denunció lo que llamó unaoperación en su contra y apuntó al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, y al Frente Amplio, sugiriendo una posible coordinación en su contra. Las declaraciones de Jadue han sido recibidas con escepticismo tanto por el oficialismo como por otras fuerzas políticas de la alianza de Gobierno. Incluso la jefa de gabinete respondió, señalando la importancia de asumir la responsabilidad por las propias acciones y evitar atribuir siempre la culpa a otros. El alcalde instó a una reflexión sobre la situación, llamando a entender las adversidades con humildad y respeto a las instituciones. Además, criticó la falta de acción del Gobierno frente a posibles irregularidades cometidas por autoridades gubernamentales. En relación con las acusaciones en su contra, Jadue reiteró su inocencia y afirmó que las investigaciones no han encontrado pruebas que lo incriminen en delitos de corrupción. Aseguró que, si bien puede haber habido errores, no ha habido malversación de fondos ni enriquecimiento personal. El alcalde también mencionó la próxima formalización a la que se enfrentará el 29 de mayo y anticipó que seguirá apoyando al gobierno del presidente Gabriel Boric, a pesar de sus desacuerdos con algunas decisiones administrativas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó enfáticamente la labor del Ministerio Público como ente persecutor en el caso de la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, solicitó formalizar cargos contra Jadue por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, tras una investigación que se prolongó por dos años desde 2022. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra y venta de insumos para combatir el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue. Ante esta situación, el alcalde de Recoleta expresó su desconcierto, señalando que la formalización coincide con un año electoral y subrayando su confianza en su inocencia. En respuesta a los cuestionamientos del alcalde Jadue, el ministro Cordero reiteró la autonomía del Ministerio Público y destacó su histórico rigor en sus actuaciones. Asimismo, subrayó la importancia del funcionamiento independiente de las instituciones en un sistema democrático. Respecto alcriterio Tohá, que establece la separación del cargo de funcionarios públicos formalizados, el ministro enfatizó la necesidad de salvaguardar la gestión pública y aseguró que el Gobierno mantiene una postura clara al respecto. Por otro lado, destacó las diferentes dimensiones de los delitos funcionarios, señalando que es una situación recurrente en las municipalidades chilenas. Por su parte, la bancada de Renovación Nacional manifestó su preocupación por el posible impacto del criterio Tohá en la destitución de funcionarios, especialmente en cargos de alta relevancia como el general director de Carabineros. En una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, expresaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública sin menoscabar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Los diputados de RN enfatizaron la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos. Además, subrayaron que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresaron dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República. Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros , señalaron Asimismo, enfatizaron que utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente .
A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra. Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley. Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal. El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una retención o detención ilegal y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.
En medio de la controversia suscitada por el denominado Caso Farmacias Populares, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respondió con firmeza a los señalamientos de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. En una entrevista con Radio Usach, Jadue expresó: Yo le pediría a ella más prudencia por las declaraciones que hace. Acá hay un conglomerado de gobierno y efectivamente tenemos que ser todos muy responsables de lo que hacemos. Las tensiones entre el alcalde y la ministra surgieron luego de que Tohá instara a Jadue a actuar con humildad en relación con el caso en el que se le acusa de conductas ilícitas. El alcalde, por su parte, denunció lo que llamó unaoperación en su contra y apuntó al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, y al Frente Amplio, sugiriendo una posible coordinación en su contra. Las declaraciones de Jadue han sido recibidas con escepticismo tanto por el oficialismo como por otras fuerzas políticas de la alianza de Gobierno. Incluso la jefa de gabinete respondió, señalando la importancia de asumir la responsabilidad por las propias acciones y evitar atribuir siempre la culpa a otros. El alcalde instó a una reflexión sobre la situación, llamando a entender las adversidades con humildad y respeto a las instituciones. Además, criticó la falta de acción del Gobierno frente a posibles irregularidades cometidas por autoridades gubernamentales. En relación con las acusaciones en su contra, Jadue reiteró su inocencia y afirmó que las investigaciones no han encontrado pruebas que lo incriminen en delitos de corrupción. Aseguró que, si bien puede haber habido errores, no ha habido malversación de fondos ni enriquecimiento personal. El alcalde también mencionó la próxima formalización a la que se enfrentará el 29 de mayo y anticipó que seguirá apoyando al gobierno del presidente Gabriel Boric, a pesar de sus desacuerdos con algunas decisiones administrativas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó enfáticamente la labor del Ministerio Público como ente persecutor en el caso de la solicitud de formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, solicitó formalizar cargos contra Jadue por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, tras una investigación que se prolongó por dos años desde 2022. La pesquisa se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la compra y venta de insumos para combatir el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue. Ante esta situación, el alcalde de Recoleta expresó su desconcierto, señalando que la formalización coincide con un año electoral y subrayando su confianza en su inocencia. En respuesta a los cuestionamientos del alcalde Jadue, el ministro Cordero reiteró la autonomía del Ministerio Público y destacó su histórico rigor en sus actuaciones. Asimismo, subrayó la importancia del funcionamiento independiente de las instituciones en un sistema democrático. Respecto alcriterio Tohá, que establece la separación del cargo de funcionarios públicos formalizados, el ministro enfatizó la necesidad de salvaguardar la gestión pública y aseguró que el Gobierno mantiene una postura clara al respecto. Por otro lado, destacó las diferentes dimensiones de los delitos funcionarios, señalando que es una situación recurrente en las municipalidades chilenas. Por su parte, la bancada de Renovación Nacional manifestó su preocupación por el posible impacto del criterio Tohá en la destitución de funcionarios, especialmente en cargos de alta relevancia como el general director de Carabineros. En una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, expresaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública sin menoscabar los derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Los diputados de RN enfatizaron la necesidad de aplicar cualquier criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones, reconociendo las particularidades de ciertos cargos. Además, subrayaron que la formalización judicial debe ser compatible con la presunción de inocencia y expresaron dudas sobre cómo este criterio afectará los procesos en la Contraloría General de la República. Hacemos presente lo anterior ya que, no solamente tenemos plena certeza de que el general Yáñez ha sido objeto de una persecución penal abusiva (…) sino porque además, independiente de nuestra interpretación de los hechos, lo cierto es que el marco constitucional colisiona frontalmente con el “criterio Tohá” tratándose del General Director de Carabineros , señalaron Asimismo, enfatizaron que utilizarán todas las herramientas para exigir que se respete el estatus especial que goza el general director de Carabineros y su derecho a la presunción de inocencia, una en la cual confiamos plenamente .