En una decisión tomada por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, se ha decretado prisión preventiva para siete funcionarios de Gendarmería, quienes están siendo acusados de formar parte de una red de corrupción que operaba en el Centro Penitenciario de Alto Bonito, ubicado en la región de Los Lagos. Esta medida fue adoptada luego de la audiencia de formalización, donde se determinó que la libertad de los imputados representaba un riesgo para la seguridad pública. Según la Fiscalía, estos gendarmes habrían utilizado su posición de custodia para facilitar el ingreso y comercialización de artículos prohibidos, como celulares y drogas. La fiscal Nathalie Yonsson explicó que se aprovechaban por sus labores de custodia que tenían en diversos módulos del penal, permitiendo así la circulación y comercialización de especies prohibidas, especies reglamentariamente no permitidas, y especies ilícitas. Además, agregó que los imputados permitían al interior del complejo penitenciario mediante la facilitación de teléfonos celulares para que los condenados realizaran diversas estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos desde el exterior al interior del centro penitenciario. Los siete funcionarios fueron formalizados por cohecho, soborno, asociación criminal, lavado de activos y delitos asociados a la Ley de Drogas. Cumplirán la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Valdivia. Por otro lado, una imputada civil quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que será apelada por la Fiscalía. El plazo de investigación se ha fijado en 200 días. Fuente: ADN Radio Nacional
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
En una decisión tomada por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, se ha decretado prisión preventiva para siete funcionarios de Gendarmería, quienes están siendo acusados de formar parte de una red de corrupción que operaba en el Centro Penitenciario de Alto Bonito, ubicado en la región de Los Lagos. Esta medida fue adoptada luego de la audiencia de formalización, donde se determinó que la libertad de los imputados representaba un riesgo para la seguridad pública. Según la Fiscalía, estos gendarmes habrían utilizado su posición de custodia para facilitar el ingreso y comercialización de artículos prohibidos, como celulares y drogas. La fiscal Nathalie Yonsson explicó que se aprovechaban por sus labores de custodia que tenían en diversos módulos del penal, permitiendo así la circulación y comercialización de especies prohibidas, especies reglamentariamente no permitidas, y especies ilícitas. Además, agregó que los imputados permitían al interior del complejo penitenciario mediante la facilitación de teléfonos celulares para que los condenados realizaran diversas estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos desde el exterior al interior del centro penitenciario. Los siete funcionarios fueron formalizados por cohecho, soborno, asociación criminal, lavado de activos y delitos asociados a la Ley de Drogas. Cumplirán la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Valdivia. Por otro lado, una imputada civil quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que será apelada por la Fiscalía. El plazo de investigación se ha fijado en 200 días. Fuente: ADN Radio Nacional
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
