El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha detallado la estrategia presentada a la Corte de Apelaciones en una entrevista con CNN Chile Radio. Aunque se busca una salida voluntaria, el operativo policial para desalojar la denominada “megatoma” de San Antonio se postergaría hasta enero debido al despliegue de seguridad por las elecciones y las festividades de fin de año. El Gobierno ha ingresado oficialmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo para recuperar las 115 hectáreas que no formarán parte del proceso de expropiación anunciado para el desarrollo de un plan habitacional. Esto implica el retiro de aproximadamente 2.100 familias del sector. En una entrevista con CNN Chile Radio, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, confirmó que el documento fue presentado estableciendo los lineamientos operativos para cumplir con el dictamen judicial y gestionar la crisis social derivada de la ocupación. “Esto va en paralelo con el anuncio que se ha hecho respecto del plan habitacional. De las 215 hectáreas aproximadamente que están ocupadas, cerca de 100 o 110 son las que se van a necesitar para el plan habitacional y, por lo tanto, debemos avanzar con un plan para desocupar el resto”, explicó Riquelme. El Gobierno ha manifestado su intención de actuar “a la brevedad posible”, pero las restricciones logísticas por las elecciones y festividades imponen ciertos obstáculos. Riquelme señaló que las próximas semanas presentan “complejidades” debido a eventos como la procesión de Lo Vásquez, la segunda vuelta de gobernadores y las fiestas navideñas. La magnitud del asentamiento en San Antonio obliga a una ejecución fraccionada. La planificación se basa en “cuadrículas” de hectáreas para permitir un avance progresivo que incluirá el cierre perimetral inmediato de las zonas recuperadas. El Ejecutivo apuesta a que la definición de las zonas urbanizadas incentive el retiro pacífico de quienes quedaron fuera del perímetro destinado al plan habitacional. El catastro actual estima que cerca de 2.000 a 2.100 familias serán impactadas por el desalojo. Sobre el destino de estas familias, Riquelme reconoció la imposibilidad de ofrecer soluciones habitacionales definitivas inmediatas para tal volumen, por lo que se contemplan albergues transitorios. Respecto a las 100 hectáreas restantes destinadas al plan habitacional del Ministerio de Vivienda, se espera que quede dictado “antes del término del gobierno”. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha reconocido a empresas del sector que no cuentan con los fondos suficientes para realizar los pagos a quienes construyen viviendas sociales, lo que ha generado una deuda que la industria estima en más de US$ 1.000 millones. Esta situación está afectando a inmobiliarias, constructoras y proveedores en todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por el ministerio. De acuerdo a correos internos obtenidos por DF, el Minvu ha informado a las empresas que, aunque hay una ejecución presupuestaria, no hay disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente para cubrir los pagos, los cuales podrían no realizarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria. Esta confirmación llega después de meses de rumores en el sector, donde varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones. El problema tiene su origen en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 con el objetivo de reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o ayudan a hogares vulnerables a financiar la compra o construcción de casas. Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han provocado la paralización de proyectos y retrasos en las entregas, lo que está afectando a familias que ya residen en algunas viviendas construidas. Para tratar de mitigar esta situación, el Minvu ha implementado un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses asumidos por las empresas, aunque esta medida solo se aplica a algunos proyectos. Desde la industria, se califica esta medida como un parche insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras. Según el medio citado, el ministerio atribuye esta crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes. Fuente: ADN Radio Nacional
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, ha detallado la estrategia presentada a la Corte de Apelaciones en una entrevista con CNN Chile Radio. Aunque se busca una salida voluntaria, el operativo policial para desalojar la denominada “megatoma” de San Antonio se postergaría hasta enero debido al despliegue de seguridad por las elecciones y las festividades de fin de año. El Gobierno ha ingresado oficialmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo para recuperar las 115 hectáreas que no formarán parte del proceso de expropiación anunciado para el desarrollo de un plan habitacional. Esto implica el retiro de aproximadamente 2.100 familias del sector. En una entrevista con CNN Chile Radio, Yanino Riquelme, delegado presidencial de la Región de Valparaíso, confirmó que el documento fue presentado estableciendo los lineamientos operativos para cumplir con el dictamen judicial y gestionar la crisis social derivada de la ocupación. “Esto va en paralelo con el anuncio que se ha hecho respecto del plan habitacional. De las 215 hectáreas aproximadamente que están ocupadas, cerca de 100 o 110 son las que se van a necesitar para el plan habitacional y, por lo tanto, debemos avanzar con un plan para desocupar el resto”, explicó Riquelme. El Gobierno ha manifestado su intención de actuar “a la brevedad posible”, pero las restricciones logísticas por las elecciones y festividades imponen ciertos obstáculos. Riquelme señaló que las próximas semanas presentan “complejidades” debido a eventos como la procesión de Lo Vásquez, la segunda vuelta de gobernadores y las fiestas navideñas. La magnitud del asentamiento en San Antonio obliga a una ejecución fraccionada. La planificación se basa en “cuadrículas” de hectáreas para permitir un avance progresivo que incluirá el cierre perimetral inmediato de las zonas recuperadas. El Ejecutivo apuesta a que la definición de las zonas urbanizadas incentive el retiro pacífico de quienes quedaron fuera del perímetro destinado al plan habitacional. El catastro actual estima que cerca de 2.000 a 2.100 familias serán impactadas por el desalojo. Sobre el destino de estas familias, Riquelme reconoció la imposibilidad de ofrecer soluciones habitacionales definitivas inmediatas para tal volumen, por lo que se contemplan albergues transitorios. Respecto a las 100 hectáreas restantes destinadas al plan habitacional del Ministerio de Vivienda, se espera que quede dictado “antes del término del gobierno”. Fuente: CNN Chile País
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha reconocido a empresas del sector que no cuentan con los fondos suficientes para realizar los pagos a quienes construyen viviendas sociales, lo que ha generado una deuda que la industria estima en más de US$ 1.000 millones. Esta situación está afectando a inmobiliarias, constructoras y proveedores en todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por el ministerio. De acuerdo a correos internos obtenidos por DF, el Minvu ha informado a las empresas que, aunque hay una ejecución presupuestaria, no hay disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente para cubrir los pagos, los cuales podrían no realizarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria. Esta confirmación llega después de meses de rumores en el sector, donde varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones. El problema tiene su origen en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 con el objetivo de reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o ayudan a hogares vulnerables a financiar la compra o construcción de casas. Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han provocado la paralización de proyectos y retrasos en las entregas, lo que está afectando a familias que ya residen en algunas viviendas construidas. Para tratar de mitigar esta situación, el Minvu ha implementado un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses asumidos por las empresas, aunque esta medida solo se aplica a algunos proyectos. Desde la industria, se califica esta medida como un parche insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras. Según el medio citado, el ministerio atribuye esta crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes. Fuente: ADN Radio Nacional
