En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
Un grupo de diputados de oposición, específicamente Renovación Nacional, presentaron un proyecto de ley que estipula la tipificación del robo cometido por un tumulto de personas, ampliamente conocido como ''turbazo''. De acuerdo a lo expresado por los parlamentarios, el propósito de esta iniciativa es establecer como un delito independiente el tipo penal de robo realizado por una multitud o grupo tumultuoso. Cabe señalar que actualmente este tipo de acto delictivo no está contemplado por ley en Chile, es por ello que la moción asegura que el ‘turbazo’ no se refiere a un tipo penal específico dentro de la legislación chilena, sino más bien a la descripción de un método de robo que involucra a varias personas para que, usando violencia o intimidación, comentan un delito. Es justamente lo anterior -a juicio de los legisladores- lo que dificulta las detenciones enel momento, ya que los delincuentes, al ser numerosos, logran distraer y superar las capacidades de seguridad en el lugar. En esa misma línea, los congresales argumentan que “los delincuentes siguen desarrollando formas de delinquir, adaptándose y creando nuevas modalidades de crimen más organizadas y de mayor impacto”. “Se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, cuando fuere perpetrada por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación en las personas, en cuyo caso se aplicará la pena dispuesta en el inciso primero”, concluye el texto. Con todo, la propuesta, liderada por Diego Schalper, busca modificar el artículo 436 del Código Penal; y a su vez, cuenta con las firmas de Eduardo Durán, Marcia Raphael, Miguel Mellado, Carla Morales, Frank Sauerbaum, Leonidas Romero, Camila Flores, José Miguel Castro y Juan Carlos Beltrán.
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
Un grupo de diputados de oposición, específicamente Renovación Nacional, presentaron un proyecto de ley que estipula la tipificación del robo cometido por un tumulto de personas, ampliamente conocido como ''turbazo''. De acuerdo a lo expresado por los parlamentarios, el propósito de esta iniciativa es establecer como un delito independiente el tipo penal de robo realizado por una multitud o grupo tumultuoso. Cabe señalar que actualmente este tipo de acto delictivo no está contemplado por ley en Chile, es por ello que la moción asegura que el ‘turbazo’ no se refiere a un tipo penal específico dentro de la legislación chilena, sino más bien a la descripción de un método de robo que involucra a varias personas para que, usando violencia o intimidación, comentan un delito. Es justamente lo anterior -a juicio de los legisladores- lo que dificulta las detenciones enel momento, ya que los delincuentes, al ser numerosos, logran distraer y superar las capacidades de seguridad en el lugar. En esa misma línea, los congresales argumentan que “los delincuentes siguen desarrollando formas de delinquir, adaptándose y creando nuevas modalidades de crimen más organizadas y de mayor impacto”. “Se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, cuando fuere perpetrada por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación en las personas, en cuyo caso se aplicará la pena dispuesta en el inciso primero”, concluye el texto. Con todo, la propuesta, liderada por Diego Schalper, busca modificar el artículo 436 del Código Penal; y a su vez, cuenta con las firmas de Eduardo Durán, Marcia Raphael, Miguel Mellado, Carla Morales, Frank Sauerbaum, Leonidas Romero, Camila Flores, José Miguel Castro y Juan Carlos Beltrán.
