A pocos días de que venza el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para iniciar el desalojo de la toma San Antonio, donde viven más de 4.100 familias, la incertidumbre y la organización marcan el día a día de sus habitantes. Verónica Morales, dirigenta del campamento, asegura que están buscando una salida legal y critica la falta de alternativas habitacionales por parte de las autoridades. “Estamos tranquilos porque estamos trabajando con el Movimiento Nacional de Pobladores, la Defensoría de la Vivienda y el Buen Habitar, además de contar con asesoría legal”, explicó a Ciudadano ADN. La dirigenta detalló que se contactaron con el dueño del terreno y que se están organizando en cooperativas para comprar el predio. “Una vez que el Estado llegue a un acuerdo con el propietario, se eliminarán todas las querellas y denuncias”, agrega. El terreno en cuestión abarca 254 hectáreas, pero, tras estudios técnicos, solo 200 son aptas para construcción. “Esta semana comenzamos a trabajar en las cooperativas para la compra”, comentó Morales, quien destacó que existen 3.200 familias dispuestas a participar en el proceso. Sin embargo, no todos están alineados. “Hay personas que no quieren legalidad, ni cooperativas, ni comités”, advirtió la dirigenta. Pese a estas diferencias, mantiene su optimismo: “Cuando vean que esto es real, se van a unir”. La representante también cuestiona la viabilidad del desalojo. “No hay albergues, recursos, ni fuerza pública para ejecutarlo”, asegura, y califica la orden judicial como “irresponsable” al no considerar la magnitud del campamento. Según Morales, el 31% de los habitantes son niños y adolescentes, y un 30% corresponde a adultos mayores. “Los gobiernos de los últimos 30 años no le han dado solución habitacional a esta gente porque es mejor construir, darle dinero a constructoras o a inmobiliarias que construir viviendas sociales y entregarle solución habitacional permanente a las familias más vulnerables“, sumó. Finalmente, subrayó que una toma no es un foco de delincuencia, como a veces se les señala. Fuente: ADN Radio Nacional
A pocos días de que venza el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para iniciar el desalojo de la toma San Antonio, donde viven más de 4.100 familias, la incertidumbre y la organización marcan el día a día de sus habitantes. Verónica Morales, dirigenta del campamento, asegura que están buscando una salida legal y critica la falta de alternativas habitacionales por parte de las autoridades. “Estamos tranquilos porque estamos trabajando con el Movimiento Nacional de Pobladores, la Defensoría de la Vivienda y el Buen Habitar, además de contar con asesoría legal”, explicó a Ciudadano ADN. La dirigenta detalló que se contactaron con el dueño del terreno y que se están organizando en cooperativas para comprar el predio. “Una vez que el Estado llegue a un acuerdo con el propietario, se eliminarán todas las querellas y denuncias”, agrega. El terreno en cuestión abarca 254 hectáreas, pero, tras estudios técnicos, solo 200 son aptas para construcción. “Esta semana comenzamos a trabajar en las cooperativas para la compra”, comentó Morales, quien destacó que existen 3.200 familias dispuestas a participar en el proceso. Sin embargo, no todos están alineados. “Hay personas que no quieren legalidad, ni cooperativas, ni comités”, advirtió la dirigenta. Pese a estas diferencias, mantiene su optimismo: “Cuando vean que esto es real, se van a unir”. La representante también cuestiona la viabilidad del desalojo. “No hay albergues, recursos, ni fuerza pública para ejecutarlo”, asegura, y califica la orden judicial como “irresponsable” al no considerar la magnitud del campamento. Según Morales, el 31% de los habitantes son niños y adolescentes, y un 30% corresponde a adultos mayores. “Los gobiernos de los últimos 30 años no le han dado solución habitacional a esta gente porque es mejor construir, darle dinero a constructoras o a inmobiliarias que construir viviendas sociales y entregarle solución habitacional permanente a las familias más vulnerables“, sumó. Finalmente, subrayó que una toma no es un foco de delincuencia, como a veces se les señala. Fuente: ADN Radio Nacional
