Ayer la Contraloría General de la República dio un lapidario informe, 54 funcionarios que fueron contratados por la Municipalidad  de San Ramón, registraban antecedentes penales “por crímenes o simples delitos”.  

El órgano fiscalizador dio cuenta de que  18 trabajadores a honorarios habían sido contratados pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos, y otras 36 personas fueron  contratadas pase a  presentar anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de antecedentes penales del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Además según la Contraloría, cuatro funcionarios contratados por el municipio entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019 tenían vínculos de parentesco con directivos, jefes de departamento o concejales, lo que contraviene lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades.

Ahora, la municipalidad encabezado por el alcalde Miguel Ángel Aguilera ( ex PS) deberá poner término a los vínculos contractuales  por  inhabilidad en un plazo de 60 días hábiles.

Según una entrevista que dio el Concejal David Cabedo, a Bienvenidos, esto se veía venir, “estamos hablando de una Crónica de una Muerte Anunciada, ahora se vuelve a constatar por un ente fiscalizador las irregularidades del alcalde”. Y añade “ es cierto la municipalidad necesita recursos,  pero no para contratar narcotraficantes (….) no es bueno normalizar esto como un caso más”.

Recordemos que en septiembre, Cabedo (RN)  junto a dos concejales más,  Gustavo Toro (DC) y Juana López (Comunes), presentaron una solicitud de destitución al  edil  por notable abandono de deberes y posibles faltas a la probidad.       

Foto: T13