En una decisión unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha absuelto al ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, del delito de lavado de activos. La sentencia final se dará a conocer el próximo lunes 5 de agosto, anunciaron los magistrados tras la lectura del veredicto.

La jueza Carolina Escandón, al leer el veredicto, destacó que no se pudo establecer una conexión directa entre el delito base y las maniobras de lavado de activos, específicamente relacionadas con la inyección de efectivo en cuentas corrientes y tarjetas de crédito. Esta declaración llega después de que el Ministerio Público acusara al matrimonio de utilizar fondos provenientes de los gastos reservados del Ejército para su beneficio personal.

Durante el juicio, se presentaron detalles sobre cómo supuestamente Fuente-Alba y su esposa desviaron grandes sumas de dinero hacia cuentas personales, utilizándolas para la adquisición de vehículos, pagos de pie para departamentos, entre otros gastos.

El fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura, destacó la frecuencia inusual de las operaciones en efectivo realizadas por Fuente-Alba, señalando que "fue cada dos días al banco", lo cual levantó sospechas sobre la conducta del exuniformado.

Sin embargo, durante la lectura de la sentencia, el tribunal cuestionó varios aspectos de la investigación liderada por el Ministerio Público. En particular, se señaló una falta de profundización en el análisis de los movimientos de las tarjetas de crédito de Fuente-Alba, lo que dificultó seguir el rastro completo de los fondos y confirmar las fuentes de ingresos y egresos.

Además, se criticó el rol del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Claudio Escobedo, argumentando que no se dieron cuenta de las diligencias realizadas sobre el delito de lavado de activos, y se destacó la necesidad de evidencias sólidas y antecedentes verificables para respaldar las conclusiones de manera contundente.

En este contexto, se plantearon "dudas razonables sobre la solidez de la imputación", especialmente en relación con la inconsistencia entre el análisis patrimonial realizado por el perito Cristian Álvarez y la acusación presentada, desde el punto de vista del incremento patrimonial.