El Juzgado de Garantía de Talca dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de dos jóvenes quienes presuntamente trataron de incendiar la Municipalidad de Talca. Esto se decretó porque según se señaló existe peligro de fuga.  

Estamos hablando de Diego Patricio Morales Delgado, de 27 años; y Claudio Díaz Francisco Díaz Ibarra, de 26 años. Quienes indicaron que eran estudiantes universitarios, y no tienen condenas anteriores.

En la audiencia judicial, la fiscal, María Lorena González, explicó que los hechos se remontan al anochecer del sábado, al terminar una masiva protesta en la Plaza de Armas de Talca.

La profesional  explicó que, tras separarse de los manifestantes, un grupo de cuatro sujetos atacó directamente el frontis de la municipalidad. Según dijo, primero rompieron las maderas instaladas para proteger los ventanales y la mampara del edificio, logrando así ingresar al acceso principal, para sacar mobiliario a la calle y prenderle fuego.

La fiscal sostuvo que, en esas circunstancias, el imputado, Diego Morales, habría tomado algunos restos encendidos y los instaló en las maderas que protegen el frontis, tratando con ello –supuestamente- de que fuego se propagara a todo el edificio. Agregó que, el segundo imputado, Claudio Díaz, realizó una acción todavía más grave.

Dicho joven, utilizó un spray de pintura y los mismos restos encendidos para crear una especie de “lanzallamas” artesanal, el cual apuntó hacia las mismas defensas de madera, aparentemente, con el objetivo de que el fuego se propagara y, supuestamente, a sabiendas de las consecuencias que ello habría significado.

María Lorena González destacó que fue personal de turno de la municipalidad -que se encontraba en el patio de la municipalidad- quienes alcanzaron a reaccionar a tiempo y, tomando un extintor que se salvó del saqueo, lograron apagar el fuego. Agregó que ambos jóvenes escaparon del sector a la llegada de Carabineros.

Tras el debate, la jueza dio por configurado el delito de incendio intencional, en grado de frustrado, ordenando que la prisión preventiva se cumpla en la cárcel de Linares. A petición de la defensora, fijó una caución económica de dos millones y medio de pesos para cada imputado, limitando en cuatro meses el plazo de la investigación.

Fuente: Diario El Centro